viernes, 21 de diciembre de 2012

NUEVAS AMENAZAS CONTRA ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS




La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, organización no gubernamental de estudiantes, denuncia ante la opinión pública nacional e internacional las nuevas amenazas contra las organizaciones estudiantiles y los estudiantes de Cartagena.

HECHOS

1. El jueves 22 de noviembre de 2012, se recibieron varias amenazas dirigidas a varios miembros de la ACEU, JUCO y simpatizantes de estas dos organizaciones, éstas se hicieron a través de mensajes por la Red social Facebook; las amenazas son firmadas por los RASTROJOS y vienen del perfil “LUCIANO CASTRO GARZON”.

2. Las amenazas se redactan de manera agresiva y señaladora contra los miembros de la ACEU, JUCO y sus simpatizantes. En dos de sus apartes dice:

“PILAS QUE LOS TENEMOS YA FITIADOS A TODOS LOS MIEMBROS DE ACEU QUE SON USTEDES Y ADEMAS DE ESO SABEMOS QUE SON COMUNISTAS ALEJENSE Y VALLANSE DE LA CIUDAD SABES DONDE VIIVEN CON QUIENES VIVEN VALLANSE”

“PILAS QUE YA LOS TENEMOS FITIADOS TODOS LOS MIEMBROS DE ACEU ASI QUE VALLANSE Y DEJEN DE ESTAR LLAMANDO A LOS ESTUDIANTES A LAS PROTESTAS Y MUCHO MENOS HACIENDO DE TRABAJO COMO MIEMBROS DEL PARTIDO COMUNISTAS”

ANTECEDENTES

Los miembros de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU y de la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, además de sus simpatizantes amenazados, se han destacados por defender la educación pública y participar en las actividades del movimiento estudiantil, al igual que han venido desarrollando trabajo de masas y concientización al interior de la Universidad de Cartagena, en los barrios marginales de la ciudad y en las localidades de la ciudad en la parte cultural.

La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU y la Juventud Comunista Colombiana, JUCO, han sido víctima de constantes amenazas y señalamientos en Colombia, en especial por parte de grupos paramilitares como “Los Rastrojos”, y por individuos que han buscado quebrantar la integridad y el trabajo que desarrolla la organización.

A pesar de las incontables denuncias y exigencias a las instituciones estatales correspondientes para que sean identificados y condenados los responsables, los resultados han sido nulos.

PETICIÓN

Por estos hechos, nos dirigimos a la comunidad nacional e internacional para que se comuniquen con las autoridades colombianas y se exija:

1. Garantías en el ejercicio del derecho a la organización y a la actividad política al interior de las universidades, sin que esto sea causante de persecución. 

2. Garantías a la integridad psicológica y física de los miembros de la ACEU, JUCO y sus simpatizantes, que estudian en la Universidad de Cartagena y algunas Universidades Privadas de la ciudad, particularmente de las y los amenazados (as) en los diferentes mensajes.

3. Garantizar una investigación independiente, imparcial y eficaz de los hechos denunciados, que permita el enjuiciamiento y sanción de los responsables.

4. Respeto a organizar y a organizarse, además, a la oposición política de la comunidad universitaria en todo el país, así como de todos los sectores sociales y políticos que abiertamente se oponen a las políticas implementadas por el actual gobierno.


Favor enviar sus comunicados a las siguientes direcciones:

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño Bogotá
Fax. 5662071
E-mail: comunicacionesvp@presidencia.gov.co

ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República
Carrera 8 No.7-57 Bogotá D.C.

FERNANDO CARRILLO.
Ministro del Interior
Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.
e-mail: german.vargas@mij.gov.co, ministro@minjusticia.gov.co
PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

LUIS EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.
Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00
contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co

JORGE ARMANDO OTALORA
Defensor del Pueblo
Calle 55 # 10-32, Bogotá
Fax: (+571) 640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com, agenda@agenda.gov.co,
defensoria@defensoria.org.co

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación
Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.
anticorrupció n@presidencia.gov.co, reygon@procuraduría.gov.co

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101
Edificio Teleport Bussines Park – Bogotá, Colombia
Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637
E-mail: oacnudh@hchr.org.co

WILLIAN MATSON
Personero Distrital de Cartagena
Centro calle del Candilejo No. 33-35
Telefonos: 6642231-6642227
E-mail: Info@personeriacartagena.gov.co
personero@personeriacartagena.gov.co,


SEBASTIANA MONTES CASTRO
Asesora Externa Unidad de  DDHH Secretaria del Interior y de Convivencia Ciudadana del Distrito de Cartagena.
semoncas2012@hotmail.com



ROBERTO CAMARGO
Coordinador Comité de DDHH y de DIH de Bolivar
r.camargo@bolivar.gov.co

sábado, 15 de diciembre de 2012

Comunicado de las organizaciones Juveniles presentes en la Conferencia Nacional de DDHH y DIH














El día 12 de diciembre del presente año, en el marco de la Conferencia Nacional para la construcción de la Política Pública de DDHH y DIH, nos reunimos jóvenes de 15 departamentos  del país, (Caldas, Quindío, Arauca, Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Manizales, Bolívar, Antioquia, Guaviare, Putumayo, Guajira, Caquetá, Nariño y Huila). Con el interés de posicionar las realidades  juveniles,  dentro de la formulación de la Política Pública Nacional de DDHH y DIH.

Se hizo necesario un encuentro en el cual se hiciera un ejercicio de reflexión sobre las expectativas que se tenían inicialmente y el desarrollo del presente evento, de lo cual llegamos a las siguientes conclusiones:

-          La metodología no fue consecuente con el trabajo realizado en los encuentros regionales llevados a cabo con anterioridad. Consideramos de esta manera que se dan falencias desde los foros regionales, ejemplo de ello es la mesa improvisada de Juventud, la cual no fue realizada a niveles locales o territoriales. Nos queda la duda de si esta conferencia Nacional buscaba reunir más insumos de las problemáticas que ya habían sido  detectadas desde los territorios o sistematizar la labor ya realizada. Como jóvenes asistentes, no nos sentimos recogidos ni nos consideramos representantes de los jóvenes del país, ya que no se escucharon las propuestas e intervenciones de las juventudes de cada departamento, de cada territorio.

-          No consideramos que las Naciones Unidas sea garante de este proceso ni que la Alianza de Organizaciones Sociales sea representante de las diferentes organizaciones sociales del país.


-          Consideramos que los expertos en Derechos Humanos en el contexto social y sobre todo en la defensa de los mismos en los territorios no son personas extranjeras sino los mismos colombianos, por lo que no vemos coherente la intervención de personas extranjeras y la restricción de la participación de los colombianos.

-          Podemos ver reflejado que para el gobierno el tema juvenil sigue siendo un tema residual.


-          Consideramos que las mesas se debieron haber planteado por enfoques poblaciones ya que las temáticas con transversales, de esta manera serian transversalizadas las temáticas y no las poblaciones.

-          No hay claridad conceptual para poder discutir cada tema dado durante los encuentros

-          Los temas dados para trabajar, fueron abordados de manera muy superficial, por lo que consideramos que no están reflejadas todas las problemáticas de las regiones en cada uno de los temas

-          El Estado colombiano no puede hablar de Derechos Humanos ni de Paz, cuando se siguen realizando reformas que atentan contra los derechos de la población colombiana, mientras se esta aprobando un fuero militar y el gobierno prácticamente está impidiendo una investigación internacional retirándose de pactos internacionales o buscando hacer salvedad de una investigación internacional. El estado Colombiano no puede hablar de DDHH y paz cuando se busca aprobar una reforma a la Ley de Educación, una reforma tributaria y el código policial, entre muchas otras que resultan ser leyes represivas.


-          Como jóvenes presentes desde los territorios exigimos ponerle fin a este modelo económico que está poniendo fin a nuestros recursos naturales y la entrega de más del 82 % del territorio colombiano a compañías internacionales.

-          La construcción de memoria histórica como herramienta para generar conciencia en la población juvenil. Por eso consideramos que no podemos permitir leyes de perdón y olvido.


-          Entendemos la paz no como la ausencia de las armas si no la presencia total y efectiva de una justicia real y materializable en el país.

-          El evidente abandono del Estado frente a las etnias de nuestro país, ha atacado de manera directa a la población, ejemplo de ello es el caso de la pérdida de terreno marítimo en San Andrés Islas  resultado de este. Hacemos un llamado a la autonomía de los pueblos raizales, palenqueros, afros e indígenas.


-          Exigimos el establecimiento de una institucionalidad seria y comprometida fortalecida que desarrolle un verdadero proceso en los territorios en temas juveniles, garantizando lo derechos de los jóvenes.
-          Esta es una prueba del interés de los jóvenes en trabajar en los territorios y a nivel nacional.

-          Finalmente, teniendo en cuenta la sentencia de la Corte Constitucional que declaro exequible del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, adjuntamos el Titulo segundo acerca de la Garantía (prevención, protección y promoción) de derechos de las juventudes del país. Exigimos la firma de la convención iberoamericana de Derechos de la Juventud en donde se encuentran contemplado el derecho a la objeción de conciencia.

Reafirmando nuestro compromiso con la construcción de la paz desde nuestros territorios, Firmamos algunos jóvenes de Colombia.



Oscar Rodriguez Chacon                                     Johanna Bohorquez
C.c. 1070945425                                                   c.c. 1073160048
Mesa de juventud Cundinamarca                          Mesa de juventud Cundinamarca
Cundinamarca                                                         Cundinamarca


Alexis Castillo Jiménez                                             Tatiana Herrera Giraldo
C.c. 1010020014                                                       c.c.1060650615
Red de Universitarios de Barranquilla                     Org. Soy Pescador
Atlántico                                                                       Caldas


Carlos Andrés Gracia                                                Brian Venera Pontón
c.c. 18420237                                                             c.c.1128048827
Líderes Juveniles                                                        Movimiento Dignidad
Quindío                                                                         Bolívar


Ramón Rada de la Cruz
c.c. 1149441098
Mokana
Atlántico




TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS JUVENTUDES

CAPÍTULO I
Derechos de los y las jóvenes

Artículo 6°. Derechos de los y las jóvenes. Los jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales aprobados por Colombia, y en las normas que los desarrollan o reglamentan. El presente Estatuto busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual como colectivo de la población joven, a través de medidas de promoción, protección, prevención y garantía por parte del Estado para esta población. El Estado dará especial atención a los y las jóvenes desde un enfoque diferencial según condiciones de vulnerabilidad, discriminación, orientación e identidad sexual, diversidad étnica, cultural, de género y territorial.

El Estado generará gradual y progresivamente, los mecanismos para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente ley.

Artículo 7°. Criterios. En el marco de la presente ley, son criterios para garantizar el goce real y efectivo de los derechos de los y las jóvenes:

1. Prevención: Medidas que genera el Estado, para evitar que actos y situaciones generen amenaza, vulneración o violación de un o varios derechos a personas jóvenes.

2. Protección: Medidas que genera el Estado para detener amenazas, vulneraciones o violaciones de Derechos Humanos que afectan a jóvenes, para garantizar el pleno restablecimiento de los derechos en el caso que la vulneración o violación se haya consumado e impedir que se vuelvan a presentar.

3. Promoción: Medidas que genera el Estado para la realización y ejercicio efectivo de los derechos de las personas jóvenes.

4. Sanción: Medidas que genera el Estado para imponer correctivos a funcionarios del Estado o particulares que participen de actos o situaciones de amenaza, vulneración y/o violación de derechos de las personas jóvenes, asegurando con ello que no se repitan y el ejercicio pleno de los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales y la ley nacional.

5. Acceso: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el Estado debe generar las garantías, los medios y canales necesarios y no impedirlos para que un ciudadano goce de manera plena cada uno de sus derechos.

6. Disponibilidad: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el Estado debe facilitar la infraestructura física e institucional, que garantice el goce efectivo de los derechos, en los momentos y calidad en que cada ciudadano los ejerza.

7. Permanencia: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el Estado genera los mecanismos y estrategias conducentes a garantizar el goce y ejercicio del derecho durante el tiempo y las condiciones óptimas por parte de los ciudadanos.

8. Calidad: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el Estado garantiza que el goce y ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos se logre a través de medios idóneos.

9. Sostenibilidad: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el Estado garantiza que las medidas y estrategias emprendidas para el goce efectivo de los derechos se mantenga en el tiempo cumpliendo con los atributos de acceso, disponibilidad, permanencia y calidad de cada derecho.

10. Participación: Atributo de los Derechos Humanos, según el cual el Estado garantiza la existencia y uso de mecanismos de consulta y decisión de los ciudadanos en relación con el goce y ejercicio efectivo de los derechos.

Artículo 8°. Medidas de prevención, protección, promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes. El Estado en coordinación con la sociedad civil, implementará gradual y progresivamente las siguientes medidas de prevención, protección, promoción y sanción, tendientes a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil que permitan a las y los jóvenes realizar su proyecto de vida y participar en igualdad de derechos y deberes en la vida social, política, económica y cultural del país:

Medidas de prevención:

1. Capacitar a funcionarios en general y especialmente a aquellos con funciones de atención al público en trato no discriminatorio y reconocimiento de las y los jóvenes como personas sujetos de derechos y deberes.

2. Diseñar e implementar estrategias de reconocimiento de la diversidad de los jóvenes en manuales de convivencia y reglamentos de instituciones educativas.
3. Generar campañas educativas de planificación familiar dirigidas a hombres y mujeres jóvenes.

4. Los y las jóvenes tiene derecho al pleno disfrute de su salud sexual y reproductiva, por lo que el Estado creará políticas de prevención, formación e información con enfoque diferencial y de responsabilidad.

5. Generar categorías de análisis diferenciales en los observatorios de seguridad y del delito, que den cuenta de las prácticas de violaciones de Derechos Humanos contra jóvenes, y proponer a la Defensoría del Pueblo, dentro del Sistema de Alertas Tempranas, el establecimiento de un indicador y de categorías de análisis que permitan prevenir crímenes contra las y los jóvenes y asegurar las medidas de protección en tiempo y lugar.

6. Diseñar, implementar y realizar el seguimiento a programas de prevención y protección de trata de personas jóvenes.

Medidas de protección:

1. Garantizar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes en estado de embarazo, jóvenes portadores de VIH/Sida.

2. Garantizar las medidas de protección integral para jóvenes con discapacidad.

3. Brindar en tiempo y calidad la asistencia necesaria en caso de abando no.

4. Desarrollar estrategias que aseguren la seguridad en las condiciones laborales y la remuneración justa.

5. Brindar los espacios de reclusión diferenciales para jóvenes infractores de la ley penal.

6. Garantizar el acceso y calidad de servicios de apoyo a la exigibilidad de derechos por parte de los jóvenes y el uso efectivo de los mecanismos de defensa ciudadana.

7. El Estado en relación con la ciudadanía digital garantizará el respeto del hábeas data

8. El Estado protege y promueve el derecho de las y los jóvenes a conformar y pertenecer a un proceso o práctica organizativa y a que ejerzan colectivamente el derecho a participar.

Medidas de Promoción:

1. Establecer mecanismos para favorecer un empleo y unas condiciones de trabajo de calidad, y potenciar mecanismos de orientación e inserción laborales.

2. Diseñar e implementar programas de fomento al emprendimiento para la creación de empresas en diversos sectores por parte de las y los jóvenes, facilitando el acceso a crédito, capital de riesgo y capital semilla, y con acompañamiento especial de las diferentes entidades estatales.

3. Desarrollar programas de capacitación para que las personas jóvenes adquieran conocimientos y destrezas, en el campo de la formulación y ejecución de proyectos productivos.

4. Facilitar a las personas jóvenes el acceso, disponibilidad, participación en condiciones de igualdad a las políticas de vivienda.

5. Organizar una bolsa de trabajo, mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas jóvenes y garantizar su divulgación y acompañamiento para la inserción laboral.

6. Promover y financiar actividades de relación intergeneracional e intergénero, impulsadas y desarrolladas por jóvenes.

7. El Estado debe garantizar a las y los jóvenes el acceso, disponibilidad, permanencia y calidad en atención en salud primaria con enfoque diferencial, además de garantizar su participación en los espacios de decisión del sistema de salud del país.

8. Promover un sistema estandarizado de tarifas diferenciales para uso de transporte público por parte de las y los jóvenes escolarizados y en condiciones económicas menos favorables, que garantice el goce de su derecho al disfrute del espacio público.

9. Diseñar e implementar una política integral de inclusión, reconocimiento y promoción de la ciudadanía juvenil en el ámbito rural, con enfoque diferencial.

10. Garantizar la participación de las y los jóvenes en situación de discapacidad en actividades educativas, recreativas, culturales, artísticas, intelectuales, de ocio y deportivas, en igualdad de condiciones, así como hacer accesibles los lugares o escenarios en los cuales se desarrollan estas actividades.

11. Promover la inclusión activa de personas jóvenes en los procesos de creación, circulación, investigación y apropiación cultural.

12. Promover el acceso, permanencia, uso y disfrute de instalaciones públicas y espacio público.

13. Promover la destinación de franjas especiales para programas juveniles cuyos contenidos sean desarrollados con participación de jóvenes.

14. Promover que las instituciones que trabajan y conviven con jóvenes, establezcan mecanismos de acceso y participación de los jóvenes en la toma de decisiones de estas instituciones.

15. El Estado promoverá políticas, planes y proyectos desde el enfoque de seguridad humana y diferencial que promuevan la convivencia y la paz. En este sentido impulsará la creación de espacios para la participación de las juventudes en la construcción de una cultura de paz.

16. El Estado promoverá encuentros intergeneracionales y de formación impartida por jóvenes para padres de familia, maestros, fuerza pública, operadores de justicia y funcionarios públicos sobre dinámicas juveniles y ejercicio de derechos.

17. Promover y apoyar los espacios creativos para la participación y la organización de las juventudes de la sociedad civil, vinculados a procesos de transformac ión social y a la construcción de culturas de paz.

18. Promover políticas de segunda oportunidad para jóvenes infractores de la ley penal que promueva su reincorporación a la sociedad en condiciones de igualdad y no discriminación.
19. El Estado debe promover en los jóvenes el conocimiento y apropiación progresiva de las prácticas democráticas y en ese sentido reconocer, valorar y usar los instrumentos jurídicos para la exigibilidad de sus derechos.

20. Promover, en el marco de las Casas de Justicia, una línea de apoyo a intercambios de experiencias y prácticas de justicia entre procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes.

21. Implementar el programa de servicios amigables de justicia para jóvenes con énfasis en promoción de los Derechos Humanos y conocimiento de los derechos en el marco de infracciones a la ley penal con énfasis en: a. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado por presunción de haber cometido o haber participado en la ocurrencia de un hecho punible.

22. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos establecidos según la edad y tipo de acto punible en lenguaje comprensible y respetuoso.

23. Recibir atención primaria en salud (diagnóstico, prevención, curación y rehabilitación, psicológica, psiquiátrica especializada e integral) en cualquiera de las etapas del proceso.

24. Garantizar una educación de calidad, creando las condiciones necesarias para que sea accesible a las personas jóvenes, en el marco de las leyes.

25. Generar estímulos que garanticen la permanencia de las personas jóvenes en los programas de educación general básica, secundaria, técnica, universitaria.

26. Garantizar la educación en iguales condiciones de calidad y del más alto nivel para todas las personas jóvenes.

27. Garantizar el diseño e implementación de programas de promoción y acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones en todo el país, con enfoque diferencial.

28. Reconocer y promover nuevas formas y dinámicas de producción, gestión y divulgación de información y conocimiento, surgidas de las construcciones colectivas con la participación de las y los jóvenes.

29. Brindar una atención oportuna y eficaz a jóvenes por parte de funcionarios y servidores públicos.

30. El Estado garantizará la implementación de estrategias de educación rural, ajustadas al contexto territorial y social, bajo el enfoque diferencial, que garanticen el acceso y permanencia de jóvenes rurales, en igualdad de oportunidades.

31. Creará el portal de juventud del país a cargo de la entidad rectora del Sistema Nacional de Juventudes con información de todos los sectores y enlaces a cada una de las instituciones del Estado. El portal incluirá información de oferta y demanda de servicios para garantía de los derechos expresados en esta ley con la posibilidad para los procesos y prácticas organizativas de las y los jóvenes de incluir información propia para consulta pública. Todas las organizaciones sociales e instituciones públicas de carácter municipal, departamental y nacional, que desarrollen programas y proyectos con jóvenes, deberán registrar información actualizada en el portal sobre oferta y demanda, líneas de trabajo e indicadores de implementación de políticas, para garantizar la participación y el control social de los jóvenes.

32. Las entidades del Estado del orden municipal, distrital, departamental, y nacional se comprometerán a generar medidas complementarias que aporten en la generación de conocimiento desde los y las jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas.

33. El Gobierno nacional definirá los mecanismos y procedimientos para la identificación y acompañamiento de las y los jóvenes en condición de discapacidad, de comunidades étnicas, de procedencia rural, identificados en el nivel 1 y 2 del Sisbén, que hayan terminado satisfactoriamente sus estudios secundarios y pretendan desarrollar estudios de educación superior para garantizar el acceso, disponibilidad, permanencia y calidad en las instituciones de educación superior, sin detrimento de las becas que puedan otorgarse a los mejores puntajes de la prueba de Estado en estas instituciones.

34. Promover las condiciones para la participación libre y eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural.

35. Fomentar, promover y articular instrumentos de apoyo a la asociación entre las personas jóvenes y garantizar la capacidad de interlocución de los jóvenes.

36. Promover modos y prácticas asociativas de los jóvenes, el trabajo en red, de articulación, coordinación y complementariedad entre procesos y prácticas organizativas, y entre jóvenes e institucionalidad pública y privada.

37. Reconocer y promover los espacios virtuales y simbólicos de organización y participación de las juventudes.

38. Los partidos y movimientos políticos deberán promover organizaciones juveniles dentro de la colectividad, respetando su autonomía, voz y voto en las decisiones del partido.

39. El Gobierno nacional y los entes territoriales, de acuerdo con el principio de autonomía, deben garantizar recursos y mecanismos para promover y fortalecer la asociación y participación de las y los jóvenes.

40. Promover y reconocer el trabajo comunitario de los y las jóvenes y sus organizaciones como aporte fundamental al desarrollo de la sociedad y promueve la generación de una serie de estímulos al voluntariado vinculado a procesos comunitarios.

41. Garantizar la participación de los y las jóvenes y sus procesos y prácticas organizativas en ámbitos como el laboral, educativo, comunal, familiar, deportivo, religioso, ambiental y empresarial.

42. El Estado diseñará los mecanismos que aseguren a las personas jóvenes:
a) El acceso a información pertinente, actualizada y diferencial.
b) La generación de espacios de diálogo y reflexión, entre sociedad civil y Estado.
c) La libertad de expresar opiniones en igualdad de condiciones y sin discriminación por edad en los escenarios dispuestos para la deliberación pública.
d) El reconocimiento a los y las jóvenes; y sus procesos y prácticas organizativas en los procesos, desde durante las etapas de diagnóstico, formulación e implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos, programas y políticas.

Artículo 9°. Garantías. Para garantizar el cumplimiento de los derechos descritos y las obligaciones por parte del Estado en relación con los mismos, el Ministerio Público en el marco de sus competencias constitucionales y legales generará un mecanismo de seguimiento a entes territoriales e instituciones del orden nacional para el cumplimiento de lo establecido en esta ley y todas aquellas que afecten a los y las jóvenes, conceptuando sobre su aplicabilidad y haciendo seguimiento a su implementación en los casos establecidos.

Parágrafo. La dependencia encargada de la coordinación de juventud en la Nación y en cada ente territorial, convocará una audiencia pública de rendición de cuentas de carácter obligatorio cada año sobre la inclusión de los y las jóvenes en [sic], así como sobre los avances de la política pública de juventud. La audiencia deberá contar con participación de las autoridades públicas territoriales de todas las Ramas del Poder Público, así como de los órganos de control, y serán encabezadas por el Alcalde, Gobernador o el Presidente de la República, respectivamente.