Movimiento Juvenil Dignidad
expresa su preocupación por el asesinato de Jairo Mejía Martínez, reclamante de
tierras en medio del proceso de la Ley de Victimas y Restitucion de tierras,
ocurrido el viernes 15 de junio en la vereda El Anzuelo, corregimiento de
Guateque, perteneciente al municipio de Montería.
Jairo Mejía Martínez, se
encontraba participando como reclamante en los procesos de restitución de
tierras, regulado por la ley 1448. Esta muerte se suma a los atentados,
amenazas y asesinatos que han sufrido
otros líderes de víctimas y restitución de tierras en el país, que han ocurrido
luego de la aprobación de la ley de víctimas y restitución de tierras ( ley
1448).
Se había desmovilizado de
las FARC hace algunos años y el gobierno colombiano no le había dado la protección
adecuada, a pesar que este la había solicitado en varias ocasiones.
Reconocemos los esfuerzos
del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sus llamados de atención a la
justicia para investigar estos hechos y su compromiso con el cumplimiento de
esta ley, sin embargo el compromiso no puede quedarse en llamados de atención, sino en un compromiso real de protección a
las victimas brindando las garantías de no repetición de hechos de violencia,
en muchos casos, las víctimas de la violencia, líderes de organizaciones de víctimas
y defensores de derechos humanos han solicitado la protección del gobierno por
las amenazas sufridas y el gobierno no ha suministrado la protección pedida, ocurriendo
luego hechos como este.
Según la Defensoría del Pueblo en los últimos siete años cerca de 67
líderes campesinos, vinculados a procesos de restitución de tierras, han sido
asesinados de manera violenta por grupos armados ilegales y sus muertes han
quedado en la impunidad.
Para el defensor, Volmar Pérez la participación en este tipo de procesos sobre restitución generan muchos riesgos.
Para el defensor, Volmar Pérez la participación en este tipo de procesos sobre restitución generan muchos riesgos.
Exigimos al estado
colombiano un total compromiso, no solo de una de las ramas del poder, no
podemos continuar observando como son asesinadas y re victimizadas los líderes
campesinos, población desplazada, víctimas de minas antipersonal, familiares de
desaparecidos y refugiados, el estado colombiano debe cumplir sus
compromisos y la ley, así como los
tratados y convenciones internacionales.
Estaremos vigilando el
compromiso y las acciones del estado colombiano frente a estos hechos
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