En días pasados, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, sancionó la Ley de víctimas y de restitución de tierras, ley que es calificada por la opinión púbica colombiana como la más importante del gobierno, y que el presidente ha considerado que si logra hacerla cumplir “habrá valido ser presidente”.
Esta ley afronta grandes retos en el país, Colombia vive en medio de un conflicto armado, como reconoce esta ley, y ha decidido afrontar un proceso de post- conflicto sin haber superado la etapa de la confrontación armada entre el ejército nacional, la guerrilla y las bandas paramilitares, hoy llamadas por la opinión pública BACRIM (Bandas Criminales).
La presente ley no tiene precedentes en Colombia, prevée indemnizar a las víctimas de grupos guerrilleros, paramilitares y de agentes de la fuerza pública desde 1985 (cerca de 4 millones de personas) y restituir tierras a los desplazados por la fuerza desde 1991.
El reto de Colombia es enorme, más de 40 años de conflicto armado con diversos actores, tanto estatales como ilegales, victimas invisibilizadas, desaparecidas, grupos políticos eliminados en pasados procesos de paz dejan un sinsabor en medio de las organizaciones de victimas, y un pesimismo enorme en el país hacia iniciativas como esta, por lo que el cumplimiento de esta ley se convierte en el verdadero reto del presidente y su gobierno.
Muchos la critican y manifiestan que el universo de las víctimas excluye a muchas de las que han sufrido los embates de la violencia con más fuerza, y se observa con preocupación, como líderes de desplazados que reclaman sus derechos y las tierras de las que han sido despojados, como nos muestra el reciente asesinato de Ana Fabricia Cordoba, líder de desplazados que fue asesinada en un bus en Medellín, después de haber advertido por diversos medios de comunicación las amenazas en su contra, mostrando como el gobierno no parece tener la capacidad para proteger a las víctimas del conflicto.
La ley de víctimas será difícil de cumplir.
El canciller colombiano María Ángela Olguín, reconoció en Bruselas que la ley de reparación de víctimas del conflicto de Colombia será "muy difícil" de implementar, más que todo por el tema de seguridad a las víctimas.
"Su puesta en marcha va a ser muy difícil", la reparación implica restituir las tierras a más de 400.000 familias desplazadas, en términos de seguridad es un "reto muy grande", y se prevé que el Ministerio de Defensa proteja a los desplazados que vuelvan a sus tierras acompañándolos durante "un tiempo considerable para que no se queden solos"., la pregunta es ¿Cómo lo hará? Ya que la gran mayoría de las victimas colombiana, no confían en el estado, porque lo perciben en muchos caos como su victimario.
Indiferencia hacia el conflicto.
Colombia parece estar dividida en varios países, entre estas divisiones, la Colombia que ha sufrido el conflicto y la Colombia que no acepta el conflicto, entre los que han sufrido el conflicto entran los desplazados, los reinsertados de los grupos al margen de la ley y/o la familia de estos, desafortunadamente la otra Colombia, la que no acepta el conflicto observa a estos como una amenaza para la seguridad, por lo que el reto social de esta ley de víctimas también es otro verdadero problema, la sociedad colombiana debe ser concientizada de su conflicto interno, para que respete los derechos de las víctimas y nos las re-victimice.
Las organizaciones de Derechos Humanos, estaremos vigilando el cumplimiento de esta ley, el respeto por los derechos de las víctimas y que este conflicto no se vuelva a repetir, a continuación, compartimos con ustedes el documento de la ley de victimas.
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