miércoles, 30 de noviembre de 2011

El Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya esta en Argentina



El Relator Especial de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya esta en Argentina desde el 27 de noviembre hasta el próximo 7 de diciembre, reuniéndose con autoridades del Gobierno de nacional y representantes indígenas en la ciudad de Buenos Aires, así como en las provincias de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy y Formosa.

Uno de los propósitos de esta visita, es realizar un informe de recomendaciones para el gobierno Argentino y para organismo de internacionales y organizaciones indígenas. EL 5 de diciembre estará en la Comunidad Potae Napocna QOM de Formosa.

"Durante mi misión, analizaré la situación de los pueblos indígenas, quienes se encuentran entre los grupos más vulnerables y marginalizados a nivel mundial", dijo el Sr. Anaya al anunciar la primera visita a Argentina de un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los derechos de los pueblos indígenas.



"Espero que esta visita ayude a dar visibilidad a las preocupaciones de estos pueblos en Argentina, preocupaciones que a menudo son desconocidas por las sociedades mayoritarias en donde se encuentran los pueblos indígenas", recalcó el Relator Especial.

El próximo miércoles 7 de diciembre a las 6:00 PM, en la oficina del Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo en Argentina (PNUD), ofrecerá una conferencia de prensa al finalizar su misión.

En su recorrido por el país, ha cuestionado el  avance de las industrias extractivas y denunció el incumplimiento de la normativa indígena. “Las industrias extractivas son la más grave amenaza para el cumplimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, denunció el Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, de visita en Argentina, donde ya se reunió con funcionarios nacionales y donde hoy comienza la recorrida por comunidades de Neuquén, Salta, Jujuy y Formosa. 

Anaya denominó “tragedia evitable” el asesinato de cuatro indígenas y campesinos sucedidos en los últimos dos años en Argentina.

En diálogo con el  Observatorio de Derechos Humanos de los pueblos indígenas - ODHPI, Anaya remarcó que uno de los mayores logros del Estado argentino fue el reconocimiento de derechos en la Constitución Nacional de 1994 (artículo 75, inciso 17) y la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce derechos a los pueblos indígenas (entre otros, al territorio). 

“La gran dificultad, y en lo que hay que seguir trabajando, es en el cumplimiento y la aplicación de esas normas. Hay muchas dificultades en el reconocimiento efectivo de derechos, es un patrón que se repite en toda la región”, reconoció el Relator Especial. 

Consultado respecto a quiénes son los responsables del incumplimiento de derechos, Anaya apeló a su mejor diplomacia y evitó apuntar a personas o instituciones. “El incumplimiento se debe en buena parte a las raíces históricas de la región, donde se ubicó y ubica a los pueblos indígenas como los más marginados, son culturas históricamente amenazadas y donde están vigentes patrones de desigualdades”

Se remontó a la historia, mencionó el impacto de la “época colonial” a lo largo de la historia y remarcó el presente de “patrones de discriminación que excluye a los pueblos indígenas de sus derechos más básicos, como educación, salud y territorio”. 

Es la primera vez que un funcionario de su cargo visita la Argentina y su llegada es producto del “diálogo entre comunidades y Gobierno, un año de gestiones”, según explicó. 

Agenda de trabajo

El domingo 27 tuvo reuniones con comunidades y organismos de derechos humanos. El lunes se entrevistó con funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Calificó a la reunión como “fructífera”, pero no brindó detalles.

En línea con su informe de julio pasado, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Anaya fue muy duro con las industrias extractivas que avanzan sobre los pueblos originarios. No dudó en sindicarlas como la “más grave amenaza” y llamó al diálogo. 

Anaya viajó a Neuquén alertado por la criminalización de la lucha mapuche, el avance petrolero y la especulación inmobiliaria en Villa la Angostura. Luego será el turno de Jujuy y Salta, donde se entrevistará con comunidades que resisten el avance minero y sojero. Y cerrará su recorrida la próxima semana en Formosa, junto a la comunidad qom “Potae Napocná – Navogoh” (“Puño de oso hormiguero – La Primavera”), donde en noviembre pasado fue asesinado el qom Roberto López.

Situación de los pueblos indígenas en Argentina

En sólo dos años fueron asesinados en Argentina cuatro indígenas y campesinos (Javier Chocobar, Sandra Juárez, Roberto López y Cristian Ferreyra). “Es una tragedia evitable, como otras que se repiten en la lucha lucha social vinculada al derecho básico al territorio”, advirtió el relator. 

El juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni había afirmado en 2008 que el “el genocidio actual de los pueblos indígenas se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”1. Anaya se mostró sorprendido por la denuncia de Zaffaroni. “Respeto mucho al juez, pero ojalá no sea así. Y si luego de esta visita confirmara que así lo es, trabajaremos para revertir esa situación.

Las industrias extractivas que avanzan en Argentina sobre territorio indígena son la megaminería, hidrocarburos, agronegocios (soja y ganadería intensiva, entre otros) y monocultivo de árboles. También la especulación inmobiliaria y el turismo cinco estrellas (complejos exclusivos en Misiones, Patagonia y Jujuy, entre otros). 





sábado, 26 de noviembre de 2011

Posible masacre contra comunidades en Casanare



Denuncia publica ante la comunidad nacional e internacional.
Es evidente riesgo de desplazamiento y masacre contra los habitantes de comunidades en el departamento de Casanare.
HECHOS:
1. Desde el día de ayer las comunidades de las veredas de El Paraíso y Los Lirios, en el Sector de Monterralo, Jurisdicción del municipio de agua azul, Casanare, se encuentran aterrorizados por información sobre una masacre que se realizará en su territorio.
2. Un sujeto de civil, quien se identificó como perteneciente al ejército nacional de Colombia, alertó a algunos pobladores que grupos paramilitares efectuarán una masacre contra pobladores de las veredas de El Paraíso y Los Lirios, de quienes ya tenían un listado de posibles víctimas; entre las personas que se reportan en el supuesto listado, está el señor Ider Brando Montañés, quien se desempeña como labriego de la región.
3. Dicen los habitantes de las veredas en mención que hay presencia del ejército nacional En Monterralo, a una hora de las veredas.
4. Alertamos sobre el riesgo que corre la vida de los pobladores de las veredas, luego de conocer la información sobre la posible masacre.
Por lo anteriormente exigimos:
1. Al gobierno nacional proteger de forma efectiva y oportuna la vida e integridad física de los habitantes de las comunidades de El Paraíso y Los Lirios en el departamento de Casanare.
2. Investigar y detener el avance paramilitar que se consolida también en esta región del país.

Enviar cartas y llamamientos a
Vicepresidencia de la Republica
Señor Angelino Garzón                                                                 
Vicepresidencia                                                                 
Carrera 8A No 7-27, Bogotá                                            
Fax: +57 1 444 2158                                                       contactovicepresidencia@presidencia.gov.co                       
Ministerio del Interior y de Justicia
Señor Germán Vargas Lleras
Ministro del Interior y de Justicia
Carrera 9a No 14-10 Bogotà
Fax + 571 599 8961
Fax: +57 1 242 7400 ext. 2351 (digan: “me da tono, por favor”)
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro Vargas


Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Bogotá, Colombia
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos
Señor Presidente Juan Manuel Santos

Fiscalía General de la Nacion                                        
Señora Viviane Morales                                                    
Fiscal General de la Nación                                                                                          contacto@fiscalia.gov.co
Defensoria del Pueblo 

Doctor Volmar Perez Ortiz
Defensor del Pueblo  
 Fax: +57 1 570 2091 
agenda@agendda.gov.co


jueves, 24 de noviembre de 2011

Victimas de la violencia en Maria la baja - Bolívar promueven movilización pacifica por incumplimiento de la única sentencia de reparación





En la región de los Montes de María, las comunidades víctimas de Mampuján del municipio de María la Baja, y Las Brisas, Pela el Ojo, Arroyo Hondo, Aguas Blancas y Casinguí de San Juan Nepomuceno, iniciaran el próximo 12 de diciembre, una campaña de acción no violenta para exigir que se cumpla la sentencia que reconoce su derecho a la reparación integral colectiva e individual. Esta sentencia, es la única  proferida en Colombia,  para la reparación de las víctimas, desde la aprobación de la Ley de Justicia y Paz.

La campaña comienza con una caminata masiva desde el municipio de María la Baja hasta la ciudad de Cartagena,  se espera la vinculación de otras organizaciones de victimas y el apoyo de diversas organizaciones y procesos sociales.
1)    Van 6 años de entrada en vigencia la ley de JUSTICIA Y PAZ (Ley 975 de 2005). En esta ley  se reconocen los derechos a la verdad, a la justicia y  a la reparación de las víctimas, así como  a la restitución de nuestros bienes, a la indemnización, a la rehabilitación, a la satisfacción,  y a las garantías de no repetición de las conductas delictivas. En estos 6 años, solo se ha emitido una única sentencia de reparación para las víctimas de agresiones de grupos armados contra la población civil. La SALA DE CASACIÓN PENAL de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en  sentencia emitida el 27 de Abril de 2011 y que indica la reparación de las víctimas de las acciones cometidas contra las comunidades de los corregimientos de las brisas y deMampuján en el departamento de Bolívar.

    2)    Después de 11 años de perpetrada la masacre en la comunidad de la Brisas, de generarse el desplazamiento forzado en la comunidad de Mampuján, y de 6 años de haber entrado en vigencia la ley 975 de 2005;  la única sentencia en firme hasta ahora proferida en el marco de la aplicación de la ley de JUSTICIA Y PAZ no se ha cumplido.

    3)    Las comunidades del corregimiento de Mampuján del municipio de Marialabaja, y del corregimiento de san Cayetano del municipio de San Juan, reconocidas ambas por la sentencia de reparación 34547 de 2011, exigimos al Estado y al gobierno Nacional, el  cumplimiento a cabalidad  con las víctimas de un proceso de reparación integral  colectiva e individual.
Debido al incumplimiento a la sentencia por parte del Estado, como comunidades  afectadas hemos   decidido impulsar  una campaña de acción no violenta para exigir nuestros derechos, la cual iniciaremos con una movilización pacífica que haremos las comunidades  desde Mampuján  y  San Cayetano hasta la ciudad de Cartagena, el día Lunes 12 de Diciembre  de 2011,  desde las 4 am  para llegar a Cartagena  el día 13 de diciembre en  horas de la tarde. Invitamos  a toda  la comunidad,  organizaciones, entes  nacionales  e internacionales, a participar  con su presencia, apoyo y colaboración  en esta movilización por la reivindicación de los derechos y de la dignidad de las víctimas del conflicto armado en Colombia.



EQUIPO COORDINADOR PRO MOVILIZACION
Comunidad de las brisas y san Cayetano del municipio de san Juan Nepomuceno
Comunidad de Mampuján del municipio de  Marialabaja
Departamento de Bolíva

sábado, 19 de noviembre de 2011

AMENAZAS CONTRA UNA DEFENSORA Y UN SINDICALISTA EN BARRANCABERMEJA - COLOMBIA





El 9 de noviembre, un hombre y una mujer armados entraron en la casa de Jackeline Rojas Castañeda en Barrancabermeja, en el norte de Colombia. Jackeline Rojas Castañeda es una destacada integrante de la Organización Femenina Popular (OFP), organización con la que lleva trabajando 20 años.

El hombre y la mujer obligaron a punta de pistola a Jackeline Rojas Castañeda y a su hija, de 15 años, a permanecer en habitaciones separadas. Dijeron a Jackeline Rojas que matarían a su hija si gritaba o trataba de pedir ayuda. Luego la ataron, la amordazaron y le rociaron el cuerpo y la ropa con pintura roja. También rociaron con pintura roja las fotos en las que aparecía Juan Carlos Galvis, y escribieron “HP perro” y “HP perra” en las paredes.

Los agresores pidieron repetidamente información sobre el paradero del hijo de Jackeline Rojas y sobre Juan Carlos Galvis, director del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL). Juan Carlos Galvis también es miembro del comité ejecutivo de la sección del departamento de Santander de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Además, los asaltantes se llevaron dos ordenadores portátiles, lápices USB, teléfonos móviles y documentos. En ellos había información sobre el trabajo de Juan Carlos Galvis. El 10 de noviembre, Jackeline Rojas Castañeda acudió a denunciar el ataque a la Fiscalía General. Inicialmente, el personal de la Fiscalía no quiso admitir la denuncia, diciendo que Jackeline Rojas se había inventado lo sucedido.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

Expresando preocupación por la seguridad de Jackeline Rojas Castañeda, Juan Carlos Galvis y su familia, y pidiendo medidas de protección para garantizar su seguridad, de acuerdo con los deseos de los propios afectados;

Pidiendo a las autoridades que emprendan una investigación exhaustiva e imparcial sobre el ataque, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

Recordando a las autoridades colombianas que deben cumplir con sus obligaciones respecto a la protección de quienes defienden los derechos humanos, establecidas en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998.

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2011, A:
Juan Manuel Santos
Señor Presidente Juan Manuel Santos
Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26, Bogotá, Colombia
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente Santos



Germán Vargas Lleras
Ministro del Interior
Ministerio del Interior

Carrera 9a. No. 14-10,
Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 242 7400 ext. 2351 (digan: “me da tono, por favor”)
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro Vargas


Copia a:
Organización Femenina Popular
Cra. 22 No 52B – 36

Barrancabermeja, Santander,

Colombia
Y:
SINALTRAINAL
Carrera 15 # 35 – 18
Bogotá,
Colombia


Se pide, enviar copia a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país.


viernes, 18 de noviembre de 2011

MÉXICO: MANIFESTANTES EN PELIGRO DE PROCESAMIENTO INJUSTO





El 28 de octubre, los miembros de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio y los miembros del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo organizaron una protesta en la sección La Venta-Unión Hidalgo de la Carretera Panamericana, contra la construcción de turbinas de viento en sus tierras.

Según la información recibida, los miembros de la cercana comunidad de La Venta a favor del parque eólico llegaron y amenazaron al grupo para detener su protesta. 

Los manifestantes alegaron que tenían derecho a protestar pacíficamente, pero llegaron más hombres, armados con pistolas y machetes. A algunos de los dirigentes de los manifestantes, entre ellos Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, les propinaron patadas, los arrojaron al suelo a puñetazos y los amenazaron de muerte. Al parecer, el líder de la banda armada estuvo a punto de disparar contra Juan Regalado Martínez, de 61 años y que padece diabetes, pero un miembro de su grupo se lo impidió. Los manifestantes huyeron de la zona, y los heridos han recibido atención médica.

Sin embargo, uno de los hombres vinculados a la banda, Reynaldo Ordaz Velásquez, murió por disparos en circunstancias poco claras en el lugar de los hechos. Las autoridades llegaron después del homicidio, y los miembros de la banda alegaron que los manifestantes eran los responsables. Los medios de comunicación locales han ofrecido esta versión de los hechos, y la investigación iniciada por la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca también parece haber adoptado este enfoque. 

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos en Mexico, les procupa  la posibilidad de que la investigación no sea imparcial y exhaustiva a la hora de determinar lo sucedido y procesar a los responsables, y que se pueda utilizar para procesar injustamente a manifestantes y para disuadir de organizar manifestaciones en contra del parque eólico.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

Instando a las autoridades a brindar protección adecuada a los pequeños granjeros de Unión Hidalgo y a los defensores y defensoras de los derechos humanos que respaldan sus protestas contra la construcción del parque eólico, especialmente aquellos que ya han sido amenazados y agredidos y pueden ser sometidos a procedimientos judiciales injustos;

Pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Reynaldo Ordaz Velásquez y sobre el ataque contra manifestantes, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia;

Instando a las autoridades a garantizar que se respeta el derecho de protesta pacífica y el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado, basado en información fiable y exacta sobre los proyectos de desarrollo que afecten a sus tierras y su sustento.

SE PIDE ESCRIBIR  ANTES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2011 A:

Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador, Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Edificio 7, Nivel 3, Carretera Oaxaca-Istmo Km. 11.5, Tlalixtac de Cabrera, C.P. 68270, Oaxaca, México
Tratamiento: Estimado Señor Gobernador

Lic. José Francisco Blake Mora
Secretario de Gobernación

Abraham González No.48
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc

México, D.F, C. P. 06600, México

Tratamiento: Sr. Secretario

Y copia a:
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Correo-e.: proyectodesc@gmail.com

ACNUR entrega estatua indígena; símbolo de los 35 pueblos en peligro de extinción

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) entregará en un evento público en la Plaza de Bolívar de Bogotá, este 18 de noviembre las 12:00 del día, una estatua que simboliza la grave y persistente situación de riesgo por la que atraviesan los pueblos indígenas en Colombia y sus fronteras.

Esta estatua, elaborada por el escultor Jorge Olave e intervenida por el artista colombiano Carlos Jacanamijoy, fue realizada a partir de un molde real de una mujer indígena Embera-Katío de 6 meses de embarazo, como un homenaje a la importancia de mantener la vitalidad de los 35 pueblos indígenas declarados por la Corte Constitucional en riesgo de extinción física y cultural. Luego del evento la estatua será ubicada en el Museo Arqueológico Casa Marqués de San Jorge (Carrera 6ta No. 7 - 43).

La jornada busca acercar la sociedad civil a cada una de las 35 comunidades indígenas, con el fin de que conozcan su historia, se identifiquen y se solidaricen con las iniciativas que promueven la protección de estas comunidades.

El acto contará con la presencia de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Clara López Obregón; Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); y Thérèse Morel, Representante de ACNUR.

Este acto simbólico se enmarca dentro de la campaña Si ellos y ellas desaparecen, una parte de ti desaparece (www.mipresente.org), que inició el 9 de agosto de 2011, en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, declarado oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

ACNUR agradece especialmente a las organizaciones y comunidades indígenas que hicieron parte del desarrollo de la campaña y a la Agencia de Publicidad Saatchi & Saatchi por el concepto creativo de la misma.
 
Consideramos que esta acciòn es importante, pero desde la sociedad civil, el estado y la cooperaciòn internacional se deben realizar mayores esfuerzos buscando la protecciòn de los pueblos indigenas.