Se ha conocido un
nuevo caso de desaparición forzada, en el que las fuerzas militares hacían asesinaban
campesinos y/o jóvenes, presentándolos como guerrilleros para cobrar
recompensas.
Los nuevos casos,
se han reportado en Aracataca – Magdalena, la Unidad Nacional de Derechos Humanos,
de la Fiscalía General de la Nación acusó
a los militares en retiro suboficial
Harold Enrique Cuarán y los soldados Ernesto Ramón Murillo, Carlos Augusto Díaz
y Giovanni Quintero, quienes pertenecían al Batallón José María Córdova, con
sede en Santa Marta y adscrito a la primera división del ejército.
Se les acusa de su
presunta participación en la
desaparición y posterior asesinato de nueve personas, en hechos ocurridos hace
seis años en la finca La Reserva, “el 23 de febrero y el primero de marzo de
2006 en la finca La Reserva, ubicada en jurisdicción de Aracataca, hombres
armados reunieron a los recolectores de algodón y se llevaron inicialmente a
cinco hombres, luego a tres mujeres, y por último a una menor de seis años de
edad".
"Según lo
establecido en la instrucción, miembros de la citada unidad militar presentaron
a cinco de esas personas como subversivas muertas en combate. Las cuatro
víctimas restantes continúan desaparecidas", agregó el ente investigador.
Los cuatro acusados permanecen detenidos. Informó la Fiscalía
General de la Nación, acusándolos formalmente de los delitos de secuestro
simple agravado, tortura en persona protegida, homicidio en persona protegida, desaparición
forzada y concierto para delinquir
Estos nuevos
casos, se suma a los conocidos en el municipio de Soacha, a los denunciados en
departamentos como Atlántico, Córdoba, Cesar, Norte de Santander, entre otros, evidenciando
una vez más, la gravedad de este asunto, por lo que el Ejército Colombiano no
puede seguir negando las acciones sistemáticas en las que desaparecían campesinos
y jóvenes, haciéndolos pasar por guerrilleros, cobrando recompensas por esto.
En muchas
ocasiones, el Ejército Colombiano, ha dicho que estos son hechos aislados y que
no corresponde a un comportamiento institucional, pero las evidencias
demuestran lo contrario, por lo que deben ser juzgados los altos mandos
militares y el ministro de defensa de la
época.
Movimiento
Dignidad, junto con otras organizaciones continuará reportando, investigando y
difundiendo estos hechos para que no quede en el olvido y en la impunidad.
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