El paro armado al que fueron
sometidos varios departamentos de Colombia, revela el poder de las estructuras
neo paramilitares, aun cuando el gobierno y organismos de control estatales,
siguen insistiendo que estas no están vinculadas a las bandas paramilitares, o
se diferencian en su accionar.
Hace algunos días, la defensoría delpueblo insto a los nuevos mandatarios electos a acatar las recomendaciones del Sistema
de Alertas Tempranas (SAT), en esta se encuentran los siguientes datos:
En los departamentos de Córdoba,
Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira y Cesar, que conforman la
Región Caribe, hacen presencia los grupos ilegales que se autodenominan Los
Urabeños o Águilas Negras, Los Paisas y Los Rastrojos.
En el área metropolitana de Barranquilla, las acciones frecuentes de estos grupos se expresan en amenazas de muerte contra los dirigentes sociales y comunitarios y en las extorsiones y presiones contra transportadores y comerciantes, en el caso de Santa Marta.
En el área metropolitana de Barranquilla, las acciones frecuentes de estos grupos se expresan en amenazas de muerte contra los dirigentes sociales y comunitarios y en las extorsiones y presiones contra transportadores y comerciantes, en el caso de Santa Marta.
Las organizaciones armadas ilegales
que operan en la región noroccidental en los departamentos de Antioquia, Chocó,
Risaralda, Quindío y Tolima, buscando influir en la explotación de los recursos
naturales y en las presiones contra las comunidades campesinas, indígenas y
afrocolombianas en resistencia. En el campo de la minería, los actores armados
ilegales interfieren a través de la oferta de seguridad para la extracción
minera, el cobro extorsivo de porcentajes sobre la explotación a empresas y
personas, y la apropiación de recursos mineros, lavando capitales y financiando
acciones armadas, ejerciendo control sobre los asuntos de la administración
municipal.
Esta situación se repite en relación
con las obras de infraestructura, la instalación de monocultivos
agroindustriales, los proyectos energéticos, de exploración y la explotación
petrolera, las plantaciones forestales y las cadenas madereras. Todas estas
actividades han vinculado a los entes locales y regionales con grandes
capitales, los cuales son objeto de interés de los actores armados.
En el sur occidente de Colombia, de manera particular en los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo y Valle del Cauca, las estructuras armadas ilegales autodenominados Águilas Negras, Rondas Campesinas, Urabeños y Autodefensas del Llano, en algunas zonas de esta microrregión, son los que ejercen la violencia a través de la fuerza y de las armas, controlan los territorios en los que hicieron presencia las extintas AUC, manejan los circuitos económicos ilegales y buscan incidir en las decisiones de algunas administraciones locales.
En el sur occidente de Colombia, de manera particular en los departamentos de Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo y Valle del Cauca, las estructuras armadas ilegales autodenominados Águilas Negras, Rondas Campesinas, Urabeños y Autodefensas del Llano, en algunas zonas de esta microrregión, son los que ejercen la violencia a través de la fuerza y de las armas, controlan los territorios en los que hicieron presencia las extintas AUC, manejan los circuitos económicos ilegales y buscan incidir en las decisiones de algunas administraciones locales.
En los departamentos que integran el nororiente del país, entre ellos Norte de Santander, Arauca y Santander, incluida la región del Magdalena Medio, hacen presencia los grupos autodenominados Águilas Negras, Urabeños, Los Botalones y Los Rastrojos. Las organizaciones armadas ilegales buscan aprovechar que estas regiones cuentan con importantes riquezas minerales e infraestructuras para la explotación y expansión de petróleo, carbón, oro y cultivos agroindustriales, para captar recursos mediante la extorsión.
Las Águilas Negras-Urabeños y Los
Rastrojos hacen presencia en los municipios fronterizos del departamento de
Norte de Santander y en la subregión de Catatumbo y Ocaña, se comunican con los
municipios del sur del Cesar y sur de Bolívar y garantizan una ruta hacia el
nordeste antioqueño, el Bajo Cauca y el sur de Córdoba. Estos mismos grupos
armados ilegales extienden sus acciones hacia el Magdalena Medio, de manera que
su presencia es percibida en el centro petrolero de Barrancabermeja,
confluyendo en un enfrentamiento y/o en procesos de articulación con el grupo
armado ilegal Los Paisas, los cuales mantienen una importante interconexión
desde la capital de Antioquia hacia municipios como Puerto Berrío y Puerto
Boyacá.
En los departamentos de Meta, Guaviare,
Vichada, Casanare, Cundinamarca y Bogotá, hacen presencia integrantes y
reductos de organizaciones armadas provenientes de las desmovilizadas AUC como
el Ejército Revolucionario Antiterrorista de Colombia (ERPAC), las Águilas
Negras, Los Rastrojos y las autodenominadas Autodefensas Unidas de
Cundinamarca.
El accionar de estos grupos armados
ilegales se evidencia de manera particular en las amenazas expresadas vías
panfletos amenazantes, mensajes de textos o correos electrónicos o amenazas
directas de manera contra las personas y las comunidades.
En los escenarios urbanos
caracterizados por la alta densidad poblacional, estos grupos armados han
desplegado actividades económicas ilícitas, principalmente en los circuitos de
distribución de sustancias alucinógenos y buscan justificar su accionar
valiéndose de ofertas de seguridad ilegal ante la creciente inseguridad en las
calles expresadas en acciones delictivas vinculadas al robo, fleteo, extorsión,
atraco y violaciones de mujeres.
En la zona rural ubicada entre los
grandes centros económicos del piedemonte llanero y la frontera oriental, los
grupos armados ilegales pretenden ejercen control local y regional,
disputándose secciones del territorio municipal y poblacional con otros grupos
armados. Los grupos posdesmovilización promueven acciones antisubversivas y
violentan los derechos fundamentales de los pobladores por medio de amenazas y
asesinatos.
Esto revela la enorme estructura
criminal de los neoparamilitares, convirtiéndose en una nueva amenaza, violando
los derechos humanos de los colombianos, por lo que es necesario que los nuevos
mandatarios tomen acciones, acaten las recomendaciones de alertas tempranas,
llamando a estas bandas por su nombre, y no cambiándoles la denominación.
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