Hace algunos meses, el
gobierno Colombiano, anunció que presentaría un proyecto de ley al congreso de
la republica, buscando que se cree un marco jurídico para la paz en Colombia, este
proyecto hace parte de una serie de reformas que viene adelantando el gobierno de
Juan Manuel Santos y que han generado molestias y preocupaciones a el poder legislativo colombiano, ONG,
organizaciones sociales y grupos defensores de derechos humanos.
El proyecto de marco jurídico
para la paz, preocupa porque se une a un paquete de reformas que buscan que los
militares no sean juzgados por los delitos de lesa humanidad y las
vulneraciones de los derechos humanos, asumiendo que estos fueron “errores o
acciones del servicio militar” como lo declaró hace algunos meses el vicepresidente
Angelino Garzòn.
Un segundo problema de este
proyecto es que excluye a las víctimas del conflicto armado, dejando sin solución
los problemas históricos del conflicto armado colombiano.
Otro proyecto de ley que ha
generado preocupaciones, es la reforma a la justicia, proyecto en el que las
altas cortes colombianas (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo
Superior de la Judicatura) el consejo de estado y la misma Fiscalía General de
la Nación, han llamado la atención a la opinión pública sobre este proyecto de
ley, ya que no descongestiona el sistema judicial colombiano, crea nuevas
cortes administradas por entes privados y eleva a jueces a los notarios, sin
tener la preparación adecuada para esto.
Este proyecto, busca ampliar
el fuero militar, sobre abusos cometidos por la fuerza pública; el artículo 11
de este proyecto de ley dispone que todos
los actos realizados por miembros activos de la fuerza pública durante
operaciones se presumirán tener “relación con el servicio” y, por ende, estarán
sujetos a la justicia penal militar.
Sobre este acto legislativo,
Human Rigth Watch ha llamado la atención al gobierno Colombiano a través de una
carta, a la que el gobierno colombiano a respondido de manera jocosa, invitando
a HRW a no preocuparse, desafortunadamente ninguna organización de Derechos
Humanos puede pasar por alto este articulo y las preocupaciones que esto
genera.
La solución al conflicto
armado colombiano no puede ser la impunidad y el abandono a las víctimas del
conflicto, por lo que las leyes deben ser acorde a la solución pacífica y
negociada al conflicto, pero no protegiendo a las fuerzas militares, que han
sido otro de los actores del conflicto que ha violado los derechos humanos y ha
cometido delitos de lesa humanidad.
El próximo año, debe iniciar
la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras, pero si no hay
una legislación que proteja y repare a las personas que han sido afectadas por
el conflicto, esta ley no pasará de ser un sueño mas, es por esto que se le
llama la atención al gobierno colombiano sobre estos cuestionados proyectos de
ley, que generan mayor impunidad, no resuelven los problemas de fondo de la
justicia colombiana y generan desconfianza por parte de las víctimas del
conflicto armado.
Estas preocupaciones
aumentan, al observar como las víctimas de la violencia están entrando en un
preocupante nivel de desprotección jurídica, en días pasados el colectivo de
abogados José Alvear Restrepo fue acusado de inventar falsas víctimas de la
violencia y engañas al sistema interamericano de Derechos Humanos, en el caso
Mapiripan; asimismo, en días pasados la Fiscalía General de la Nación acuso a
la comunidad de desplazados de las pavas ( sur del departamento de Bolívar) de
falsificar registros de desplazados e invadir predios de particulares, decisión
que ha causado gran extrañeza y preocupación.
Las tierras donde está
ubicada la hacienda las pavas, está ubicada en predios que eran de un primo del
narco terrorista Pablo Escobar y que hoy en dia son propiedad del grupo económico
Davon, grupo que desfalcó a la nación colombiana haciéndose pasar por pequeños
campesinos en el caso conocido como “Agro Ingreso Seguro”.
Todas estas coincidencias
llaman mucho la atención, mas cuando comunidades desplazadas como Mampujan (María
la baja – Bolívar) están reclamando sus derechos a ser reparados y no son
escuchados, pero el gobierno busca proteger a militares y la justicia favorece
a empresarios.
Esperamos que todos nos
pronunciemos sobre estos casos y el gobierno Colombiano cumpla sus compromisos
de defensa de los Derechos Humanos.
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