Ayer fueron
expedidos y sancionados los decretos reglamentarios de la Ley 14448 de 2011 o
ley de víctimas y de restitución de tierras,
que buscan garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado
en Colombia, los decretos reglamentarios fueron firmados por el presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos y por el ministro del interior, German Varrgas
Lleras.
El ministerio
del interior, junto con la unidad administrativa espacial para la atención y
reparación integral de victimas, serán las entidades encargadas de promover y hacer seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones de los mandatarios territoriales (gobernadores y alcaldes) con
esta normatividad.
Para
lograr la correcta implementación de esta ley, se debe articular el trabajo de
la nación, con los entes territoriales, ya que será en los municipios y
departamentos donde se debe desarrollar esta ley, con la coordinación de la
nación.
Los
decretos señalan que el Ministerio del Interior ayudarà a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral de Víctimas al
establecimiento de lineamientos generales de políticas públicas para coordinar
a las entidades nacionales y territoriales, promover la autonomía territorial,
impulsar la descentralización administrativa y armonizar las agendas de los diversos
sectores del gobierno.
En
este sentido, la figura de Convenio Plan, creada en la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, y que permite por medio de un acuerdo marco de
voluntades entre la Nación y los entes territoriales establecer mecanismos
específicos de desarrollo, servirá para garantizar la atención integral de las
víctimas del conflicto armado interno.
El
Ministerio del Interior, junto con esta nueva Unidad, diseñará y operará el
Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento
Territorial en materia de prevención, asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas -RUSICST-, que será un mecanismo de información,
seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades territoriales, en
relación con la implementación de las políticas públicas y planes de acción de
prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
Entre los decretos sancionados, están los que establecen la aplicación especial de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras para la reparación integral de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y gitanas, las cuales participaron activamente, por medio de la consulta previa.
En uno de los decretos, se señala que, de manera participativa, las entidades competentes a cargo de los Programas de Prevención y Protección definirán las medidas de protección colectiva dirigidas a mitigar el riesgo de comunidades indígenas y Afrocolombianas, organizaciones de víctimas y organizaciones de mujeres, y tendrán en cuenta las necesidades y características particulares tanto culturales, territoriales y de vulnerabilidad que tengan dichas colectividades.
El Ministerio del Interior, debe realizar, durante los próximos seis meses, un censo con el objetivo de establecer los criterios, mecanismos y procedimientos para articular el Observatorio de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Este Observatorio, se encargará de realizar el intercambio y la articulación de información, metodologías y análisis sobre las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho internacional Humanitario.
Las organizaciones sociales, junto con las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, estaremos vigilando el cumplimiento de esta ley, que cuenta con poderosos enemigos, pero que es vital para lograr la paz en Colombia
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